La institución que hace oídos sordos de la LAIP
Publicado en Séptimo Sentido / 6 de diciembre de 2015
En teoría, todos los funcionarios públicos están obligados a ser transparentes. Deben ser transparentes con el uso que hacen de los fondos que provienen del erario público, deben ser transparentes sobre su trabajo y deben ser transparentes sobre sus decisiones. Así lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) aprobada en 2011. La teoría, sin embargo, no siempre se lleva a la práctica.
En El Salvador hay 20 funcionarios públicos que se consideran a sí mismos exentos de las obligaciones de esta ley y por lo tanto viven en un El Salvador donde nadie puede exigirles que rindan cuentas de sus gastos, de sus decisiones, de sus viajes o del tiempo que le dedican o no a trabajar en el puesto al que se les ha asignado. A su rechazo de la LAIP se suma un agravante: los 20 son funcionarios de elección popular.
Los diputados que representan a El Salvador en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se rehúsan a entregar información con respecto a su asistencia a las comisiones o plenarias de dicha institución, las iniciativas de ley que han presentado o los viajes que han realizado, entre otra información sobre su gestión. Esto a pesar de una sentencia del Instituto de Acceso a la Información Pública que los obliga a dar la información y de que tanto expertos como diputados de la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa aseguran que ellos también deben cumplir la Ley de Acceso a la Información.
Entre 1987 y 1989, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua se suscribieron al Primer Protocolo del Tratado Constitutivo del PARLACEN, el cual entra en vigencia en mayo de 1990. El año siguiente inició el primer quinquenio de funcionamiento de la institución.
Entre las atribuciones que el tratado constitutivo le otorga a este parlamento regional está impulsar y orientar el proceso de integración y coordinación de los países centroamericanos, proponer tratados y convenios, propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica, promover la consolidación de un sistema democrático, entre otras funciones.
Ese primer quinquenio, 20 diputados salvadoreños conformaron el pleno de la institución regional. En total, 100 salvadoreños han fungido el cargo de diputado centroamericano y este 2016, otros 20 se les sumarán. Son 100 funcionarios que han recibido un sueldo, pero que además se espera que cumplan la función para la que se les elige.
Uno de los ocho principios que rigen la Ley de Acceso a la Información Pública, la rendición de cuentas, establece en el artículo 5, literal h, que “quienes desempeñan responsabilidades en el Estado o administran bienes públicos están obligados a rendir cuentas ante el público y autoridad competente, por el uso y administración de los bienes públicos a su cargo y sobre su gestión”.
LA PRENSA GRÁFICA decidió poner a prueba la LAIP y obtener información sobre la gestión de los diputados del PARLACEN. Pero, ¿por dónde empezar?
En primer lugar, se buscó en la página web del organismos regional y por medio del equipo de comunicaciones de la sede en El Salvador si había una oficina de acceso a la información pública por medio de la cual realizar una solicitud de información, tal y como lo establece la LAIP para los entes obligados. Esta no existe.
A falta de una oficina a la que dirigir una solicitud, el 29 de julio de 2014 se envió una carta escaneada y firmada vía correo electrónico al director administrativo de la sede del PARLACEN en El Salvador, en la cual se solicitó la siguiente información:
–lista de sesiones plenarias desde el 1.º de enero hasta la fecha
–lista de asistencia a las sesiones plenarias
–lista de excusas por inasistencia a las sesiones plenarias, presentadas por los diputados y diputadas de El Salvador
–lista de las reuniones de todas las comisiones del Parlamento Centroamericano
–lista de asistencia de dichas reuniones
–lista de excusas por inasistencia a las reuniones de las comisiones, presentadas por los diputados y diputadas de El Salvador
–lista de las iniciativas presentadas ante el PARLACEN por los diputados y diputadas de El Salvador
- lista de propuestas de legislación realizadas por los diputados y diputadas de El Salvador
- lista de viajes realizados por los diputados y diputadas de El Salvador
- lista de ocasiones en que los diputados o diputadas de El Salvador representaron al PARLACEN en una reunión a petición de la presidencia.
Además de cada uno de estos puntos, se pidió que la institución adjuntara detalles como el nombre del diputado, fechas, duración e informes de los viajes, seguimientos a las propuestas o iniciativas y detalles de las excusas. Toda la información que se solicitó en esa ocasión correspondía a la legislatura 2011-2016.
Adjunto también se dio la información y documentos que la LAIP pide que los ciudadanos entreguen cuando hacen una petición.
Con esta primera solicitud que este domingo cumple 496 días de haberse realizado, inició un juego de escondelero con la institución que ha pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Acceso a la Información Pública, regresó al Ministerio de Relaciones Exteriores y que todavía no produce el resultado esperado: conocer información pública.
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12 de febrero de 2003: “Sin paga guardaespaldas de diputados: Hacienda y PNC no tienen para pagar 131 agentes supernumerarios. El Estado se declaró ayer sin capacidad para remunerar el servicio de más de un centenar de agentes que protegen a los legisladores. Esos custodios, adscritos a la Policía, han estado resguardando la Asamblea y a los diputados desde hace un mes y 12 días, pero hasta ahora no han recibido paga alguna. El Gobierno carece de una partida presupuestaria para pagar el salario de 107 escoltas que dan seguridad a diputados, entre propietarios y suplentes del congreso. Asimismo, otros 24, asignados a legisladores ante el PARLACEN, están en igual condición”.
Entre los beneficios que tenían ese año los diputados del PARLACEN era tener 24 guardaespaldas, pero el presupuesto para los salarios de estos no provenía de la institución regional, sino de la Policía Nacional Civil y por lo tanto directamente de las arcas del Estado Salvadoreño.
Cuando el PARLACEN inició funciones en 1991, el Estado Salvadoreño empezó a aportar $1,700,000 anuales al igual que los demás países miembros para el funcionamiento de esta institución. Este dinero sirve para el funcionamiento, pago de sueldos de diputados y de otros funcionarios. En total, este 2015, los salvadoreños le habrá entregado $40,800,000 en 24 años que lleva de existir este organismo.
Además del principio de rendición de cuentas, el artículo 7 de la LAIP detalla como entes obligados a todas aquellas instituciones que administren “recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general.
Dos días después de que se envió la primera solicitud hubo una buena señal por parte del Parlamento Centroamericano. A LA PRENSA GRÁFICA llegó una nota firmada por Mauricio Zablah, director administrativo del Parlamento Centroamericano.
“Nos complace informarle que se trasladará su carta a la Honorable Junta Directiva con Sede en la Ciudad de Guatemala para que le pueda brindar respuesta a su petición, asimismo informarle que la próxima reunión de Junta Directiva está programada para el día 22 de Agosto, fecha en la cual se conocerá su petición”, escribió Zablah en aquella ocasión.
Este también solicitó que se entregara una copia física de la solicitud a la sede del Parlamento Centroamericano en San Salvador para que se le pudiera dar trámite.
A pesar de la muestra de buena voluntad, el PARLACEN comenzó ahí a mostrar su falta de conocimiento de la LAIP, la cual establece que las solicitudes se pueden hacer tanto de forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio.
La primera semana de agosto se entregó en la sede de la institución en San Salvador la carta en físico y el 13 de agosto de 2014, la encargada de comunicaciones, Xochilt Zepeda, confirmó por medio de un correo electrónico que la sede recibió la versión en físico de la solicitud y que está sería enviada a la sede en Guatemala donde la junta directiva la analizaría en su próxima reunión.
Llegó el 22 de agosto de 2014 cuando los diputados tenían programada ese reunión. En ella estarían presentes los diputados Armando Bardales Paz (Honduras) como presidente de la junta directiva; José Rafael Espada (Guatemala), William Alfredo Hernández (El Salvador), Juan Pablo Plácido (República Dominicana), Cirilo Salas Lemos (Panamá) y Orlando José Tardencillas (Nicaragua) como vicepresidentes; y Hermes Alcides Flores Molina (El Salvador), Marco Vinicio Herrera Romero (Guatemala), Héctor Vidal Cerrato (Honduras), Luis Antonio Sarantes (Nicaragua), Gilberto Manuel Succari (Panamá) y Mayra Josefina Távares (República Dominicana) como secretarios.
Después de tres días sin noticias de lo hablado en esta reunión, se contactó por correo electrónico a la encargada de comunicaciones, quien aseguró en otro correo que consultaría a qué conclusión habían llegado los diputados.
Pasó septiembre. Llegó octubre. El 20 de ese mes se envió un correo electrónico, también a Zepeda, el cual quedó sin respuesta. Pasaron otros 10 días y más de dos meses desde la reunión de los diputados centroamericanos y se envió un segundo correo.
Se recibió una respuesta 24 horas después: “Con las disculpas del caso por el atraso en la información, ayer por cierto antes de recibir tu correo estaba consultando al Director de la Subsede sobre dicha solicitud me informo (sic) que están recopilando, yo te tengo informada, saludos”, respondió Zepeda el 31 de octubre de 2014.
Doce días después se le preguntó a Zepeda qué había sucedido con la solicitud. Ella respondió que la sede central de Guatemala todavía no había enviado la información y pidió comprensión en el sentido de que ella era solo un enlace, pero no podía controlar si se daba la información o no. Este fue el último correo que se recibió por parte de la encargada de comunicaciones de la sede del PARLACEN en San Salvador.
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En agosto de 2004, un año después de la publicación sobre los guardaespaldas de los diputados del Parlamento Centroamericano, se consignó en diferentes notas de este periódico que estos últimos tenían un sueldo de hasta $2,200 mensuales.
Ese mismo año declaraciones de políticos y presidentes sobre la eficacia de la institución regional mancharon los periódicos. El presidente Honduras, Ricardo Maduro, lo llegó incluso a llamar un barril sin fondos que hasta el momento no había hecho nada por la integración centroamericana y amenazó con retirar la partida anual que entregaba Honduras al organismo.
Además, el PARLACEN ha sido llamado en algunas ocasiones como un lugar de exilio para funcionarios que tienen cuentas pendientes con la justicia de sus países o para políticos que no pudieron ser reelectos en otros cargos.
Un exilio, además, porque tienen inmunidad al igual que otros funcionarios de elección popular. “Los diputados ante el Parlamento Centroamericano gozan del siguiente régimen de inmunidades y privilegios: a) En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales; b) En los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios que para los Agentes Diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; y c) En el país sede además de los privilegios que se establezcan en el Tratado Sede”, reza el tratado constitutivo de la institución.
La institución regional no aparece nombrado explícitamente dentro de la LAIP como sí está la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia y no era posible apelar a la resolución ante el Instituto de Acceso a la Información Pública porque nunca hubo respuesta por parte de la sede en Guatemala.
Sin embargo, hay una institución que tiene la potestad y los canales para hacer gestiones con organismos internacionales, incluyendo los regionales: el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El 24 de noviembre de 2014, LA PRENSA GRÁFICA realizó una solicitud de acceso a la información pública a la Oficina de Información y Respuesta de Cancillería y pidió la entrega de la misma información que se le había solicitado al PARLACEN con una única variación. El plazo se amplió para incluir el quinquenio anterior por lo que se solicitó información desde 2006 hasta la fecha.
La lógica con la que se hizo esta solicitud fue que, según el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución que gestiona las relaciones del Estado Salvadoreño y organismos fuera del país. Sobre todo, esta solicitud que muy probablemente iba a ser rechazada, aunque en teoría cancillería pudiera ser el vínculo para obtener la información.
Predeciblemente, el oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el 14 de septiembre de 2014 “improponible” la solicitud y afirmó que esa cartera del Estado no era competente para conocer la información solicitada, y orientó a “avocarse a la subsede del PARLACEN en El Salvador”.
Como ya se conocía, esta última no era una opción. Lo que quedaba, entonces, era apelar la resolución ante el Instituto de Acceso a la Información Pública.
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El 19 de febrero de 2007 tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y el motorista que los llevaba de El Salvador a Guatemala fueron asesinados en este país. Policías guatemaltecos secuestraron y balearon a Ramón González, Eduardo d'Aubuisson, William Pichinte y el motorista de estos, Gerardo Napoleón Ramírez. Luego sus asesinos quemaron los restos de los funcionarios. Hasta el momento, el principal acusado de ser el autor intelectual del crimen es el exdiputado del PCN Roberto Carlos Silva Pereira, quien está detenido en Estados Unidos.
En octubre de ese mismo año, la dirección del PARLACEN anunció que evaluaba acusar ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) al expresidente de ese organismo, el panameño Julio Palacios, por supuestos actos de corrupción durante su mandato.
El presidente del organismo ya era Ciro Cruz Zepeda, diputado salvadoreño, y se creía que su predecesor había hecho malversación de fondos de $560,000 entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006.
Más de ocho años han pasado desde entonces y, a pesar de los casos de diputados asesinados y el presidente del organismo acusado de corrupción, todavía el trabajo que se hace dentro del PARLACEN es bastante oscuro. Por el momento no se puede ni siquiera saber si un diputado llega o no a las comisiones que le corresponden o si participa en todas las sesiones plenarias del parlamento, ya no se diga saber el uso que se hacen de los fondos que proporcionan todos los salvadoreños para su trabajo.
Los procesos de apelación dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no se pueden caracterizar como rápidos. El 1.º de diciembre de 2014, poco más de cuatro meses después de la primera solicitud de información sobre el quehacer de los diputados del PARLACEN, el IAIP recibió el recurso de apelación por la respuesta de la OIR de cancillería.
Según la LAIP, los ciudadanos tienen hasta cinco días hábiles después de la respuesta del oficial de información para interponer este recurso ante el IAIP. Una vez hecho esto, el proceso para llegar a una resolución puede tomar meses. En este caso, pasaron tres meses hasta que el instituto resolvió.
Primero, el instituto tiene tres días hábiles para admitir el recurso. Se designa un comisionado que notifica tanto al ciudadano como a la entidad correspondiente y a esta última le solicita un informe sobre la resolución apelada. Después se fija una audiencia, que para este caso fue el 6 de marzo de 2015. En esta, el ciudadano y los representantes de la institución presentan sus pruebas y proporcionan sus argumentos.
Durante la audiencia oral, el Ministerio de Relaciones envió un equipo de varias personas para explicar los porqués del rechazo a la solicitud de información.
Finalmente, los comisionados evalúan las pruebas y emiten una resolución. Más de siete meses después del primer intento de conocer la gestión de 20 funcionarios salvadoreños, el IAIP emitió una resolución en la que los magistrados sentenciaron de entrada que los datos solicitados tanto a el Parlamento Centroamericano como a cancillería caen bajo la esfera de información pública.
“Para el caso en comento, la apelante requiere información de naturaleza pública, puesto que se refiere a la forma en que diputados salvadoreños del PARLACEN están ejerciendo su función pública”, reza el texto firmado por los comisionados.
Además, los comisionados establecieron jurisprudencia sobre el aparente dilema de si el Parlamento Centroamericano es un ente obligado de cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública o no. Lo es.
“En el desarrollo de esta resolución se ha establecido que el PARLACEN recibe fondos provenientes del Estado salvadoreño y está constituido por 20 diputados salvadoreños. Por lo tanto, resulta necesario establecer mecanismos adecuados para verificar que se haga uso eficiente de los fondos públicos y que los diputados electos cumplan con el mandato para el que han sido electos”, dictamina la resolución.
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En 2015 se realizaron elecciones presidenciales, legislativas, municipales y para el Parlamento Centroamericano. Con cada elección, los partidos políticos reciben una cantidad de dinero del Estado Salvadoreño que es proporcional a la cantidad de votos que recibieron durante la elección. Los votos para el PARLACEN también significan deuda política a favor de los partidos. Este año, cada partido recibió $2.80 por cada voto.
ARENA contará por los votos recibidos para el PARLACEN con $2,412,175.67; el FMLN, con $2,392,939.96; GANA, con $542,774.14; y PCN, con $348,496.02. Y, el resto de partidos, aunque no sumaron suficiente para tener escaños en el organismo centroamericano, sí recibieron dinero por los votos. El PDC tuvo votos equivalentes a $126,309.32; el FPS, a $31,388.05; y el PSP, a $34,020.16.
Tanto los funcionarios públicos como los partidos políticos a los que pertenecen se benefician entonces de los votos y de los impuestos de los salvadoreños, pero hasta el momento se desconoce los detalles de la gestión de estos funcionarios.
Con la resolución, el IAIP estableció que el PARLACEN debe proporcionar, al menos, información sobre sus diputados salvadoreños. El problema queda entonces en cómo obtener información que debería estar disponible para la ciudadanía.
El instituto, por un lado, afirma que tiene que realizar dos cosas. Uno, el IAIP debe hacer gestiones para que el PARLACEN cree una oficina de acceso a la información pública y, dos, le requiere al Ministerio de Relaciones Exteriores que le pida al organismo centroamericano la información solicitada.
Seis meses después de esta resolución, ni cancillería ni el IAIP habían contactado a este medio para entregar la información o un avance en la gestión ante el PARLACEN. Nuevamente, se hizo una solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, anexando la resolución de los comisionados. De nuevo, el oficial de acceso a la información pública rechazó la solicitud.
En noviembre, sin embargo, el comisionado del IAIP, Jaime Campos, informó que cancillería sí realizó la solicitud que el instituto le pidió. Campos mostró una carta oficial de esta institución hacia el IAIP, en la cual le informaban que habían realizado la solicitud al PARLACEN, pero que para el 14 de mayo de 2015 todavía no había una respuesta del organismo regional a la petición.
Campos además aseguró que en los próximos días el IAIP enviaría una nota al organismo regional, requiriéndole que establezca una oficina de acceso a la información en la sede de San Salvador del organismo y exigiéndole entregue la información. Esta gestión no se había hecho una vez emitida la sentencia de marzo, argumentó, porque se estaba esperando una respuesta de cancillería.
Cuando se le cuestionó sobre qué pasará si el organismo también ignora la carta del instituto, Campos comentó que este “no debería poner trabas. No veo por qué deba impedir el acceso a la información pública” a pesar de que el PARLACEN lo ha hecho reiteradamente.
En el caso de que esto suceda, dice, el IAIP no puede multar al organismo, pero los diputados del PARLACEN que representan a El Salvador sí son funcionarios que la LAIP abarca. Es decir, si estos incurren en infracciones como no proporcionar información o no cumplir las sentencias del IAIP. “Creería que los diputados (del PARLACEN) son funcionarios que estarían sujetos a la imposición de multas”, comentó el comisionado.
Además, Campos considera que este tipo de casos es fuera de lo común porque el IAIP no tiene incidencia directa, pero que no pueden haber instituciones que sean opacas y que hay que cerrar las zonas que todavía están exentas del control ciudadano. Pero el comisionado cree que no solo los diputados salvadoreños deberían estar bajo control ciudadano, sino todos por lo que “El Salvador debería hacer una reforma a nivel del PARLACEN” para conceder acceso a toda la información que pueda ser pública de esta institución.
Para esto, sin embargo, se requiere voluntad política. Al menos en teoría, los dos partidos mayoritarios de la Asamblea Legislativa, ARENA y el FMLN, coinciden con que los diputados del PARLACEN deben cumplir la LAIP. “Todos los servidores públicos y los que ejercemos alguna función pública estamos obligados a cumplirla”, respondió Jackeline Rivera ante la pregunta si esta incluye o no a los parlamentarios centroamericanos. Cuando se le preguntó si se debería hacer una reforma para incluirlos explícitamente, respondió que no creía que esto fuera necesario.
La diputada de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA, Alejandrina Castro, comentó que la inclusión del PARLACEN dentro de la LAIP es clara y que por lo tanto se debe crear la oficina de acceso a la información pública. “Creo que es importante que ahora que van a entrar los nuevos diputados electos al PARLACEN que se propongan establecer todo este mecanismo necesario para que ellos puedan cumplir la ley”, dijo. Además, aseguró que esta es una de las propuestas que los candidatos a diputados de su partido hicieron durante la campaña electoral.
Sin embargo, hasta la fecha el PARLACEN permanece en silencio y sin proporcionar información. Este periódico solicitó una entrevista a la unidad de comunicaciones del PARLACEN con el director o alguno de los diputados del organismo para preguntarles sobre el tema, pero hasta esta fecha no se ha concedido dicha entrevista. Hasta la fecha, el Parlamento Centroamericano y sus funcionarios han decidido ignorar la Ley de Acceso a la Información Pública –una petición ciudadana, a cancillería y al Instituto de Acceso a la Información Pública– al negar información que permitiría escrutar la gestión de funcionarios de elección popular.